En el día de hoy, en respuesta a la petición que hemos trasladado a la Dirección, se convocó a la Comisión de Empleo para tratar con detalle el tema de la externalización del servicio del Soporte local de puesto dependiente de informática.
Desde el momento que la Dirección nos informó en el seno del Comité, la intención de externalizar estas funciones aplicando el Artículo 44 de Estatuto de los Trabajadores, en el SIT-FSI hemos acompañado y apoyado a los tres trabajadores afectados tanto jurídicamente, como en todas las peticiones que nos han demandado, actuando como intermediarios y enlaces constantes hacia la Dirección de RRHH de PSA como a la Dirección de RRHH de Experis (empresa receptora). Así, fruto de nuestras gestiones, la Dirección ha accedido a la petición de ofrecerles la posibilidad de una baja incentivada pactada en lugar del cambio de empresa, opción que finalmente uno de ellos escogió de forma voluntaria.
Para las otras dos personas afectadas, se ha negociado la inclusión de una clausula en su nuevo contrato en la que se determina por escrito, que cualquier posterior cambio que pueda afectar a su categoría profesional, movilidad geográfica o salario tendrá que ser acordada y consensuada entre ambas partes.
Por supuesto, que nunca vamos a estar de acuerdo con la externalización de ningún servicio o taller, debido a todos los perjuicios que ello pueda causar a los afectados, pero también sabemos que las normativas legales existen y están en vigor, con lo cual la Dirección se ampara en la ley para aplicarlas siguiendo sus criterios.
Por tanto, hemos instado a la Dirección a que si alguna vez fuese vital externalizar otros departamentos, se busque como primera medida recolocar en la plantilla de PSA a los trabajadores que se pudiesen ver afectados, y solo en el caso de que esto no fuese factible, que se adopten desde un inicio, medidas similares a las que hemos conseguido para estos tres trabajadores, ya que aunque sabemos que la Empresa no tiene una obligación legal más allá de lo que la ley le exige, consideramos que sí tiene una obligación moral de intentar conseguir la mayor estabilidad futura y las mejores condiciones socio-económicas para las personas en este tipo de situaciones.
La Dirección, por su parte, nos ha expresado que esta decisión viene impuesta por la Dirección del Grupo y que desde Vigo no tienen autonomía para modificarla. Reconocen que los tiempos fueron demasiado justos, y que si en el futuro se volviese a dar una circunstancia similar, intentarán gestionarla con mayor antelación, a la vez que serán el motor de estas u otras medidas análogas que ayuden y den tranquilidad en cuanto al futuro de las personas que pudieran verse afectadas.